SIN VIGILANCIA Y SIN RESPUESTAS, NO HABRÁ TRANSPARENCIA.
- Emisor Queretaro

- 14 nov 2024
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14/11/2024.
CD. DE MÉXICO. - Cada día en México se hacen 900 solicitudes del ámbito federal al INAI y se presentan 52 quejas porque el gobierno se niega a entregar información, 10 veces más que hace dos décadas. Este texto explora con datos el frágil equilibrio entre transparencia y poder que se dará con la desaparición del INAI.
· Mientras en el sexenio de Vicente Fox la ciudadanía promovió un promedio de 157 solicitudes diarias de acceso a la información y protección de datos, en el de López Obrador subió hasta 900 solicitudes diarias.
· En la administración de López Obrador, los recursos de revisión promovidos ante el INAI debido a la negativa de las instituciones federales para entregar información alcanzaron su máximo histórico con 113,610 casos, un incremento del 116.1% respecto al sexenio anterior.
· La Plataforma Nacional de Transparencia del INAI ha centralizado y optimizado la gestión de solicitudes a la federación, estados y municipios, consolidando más de un millón de trámites anuales y permitiendo un crecimiento promedio de 147% en la demanda ciudadana.
· Casos como Ayotzinapa y los contratos de vacunas COVID-19 ejemplifican cómo el INAI ha desclasificado información clave que, de otra manera, habría permanecido oculta bajo el criterio discrecional de las autoridades aún cuando se trata de responsabilizar al INAI de la falta de información.
· Sindicatos, partidos políticos e instituciones como las Universidades Benito Juárez destacan por ser los entes con menores respuestas a las solicitudes de los ciudadanos, por lo que son un foco rojo de opacidad.
DOS DÉCADAS DE TRANSPARENCIA: DE LA AUTONOMÍA A LA DISCRECIONALIDAD
En los últimos cuatro sexenios, el acceso a la información pública y la protección de datos personales del orden federal han mostrado un crecimiento sostenido en México. Desde la administración de Vicente Fox, en la que se gestionaron 172,169 solicitudes, hasta el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con un total de 1,972,174 solicitudes, el incremento representa un crecimiento superior al mil por ciento en un periodo de dos décadas.
Este aumento en la demanda de información del ámbito federal no solo muestra el grado de involucramiento de la ciudadanía en el escrutinio de los asuntos públicos, sino también la capacidad del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) para responder a la demanda creciente de transparencia.
Los datos indican que, con cada sexenio, el acceso a la información pública se ha visto fortalecido por la evolución tecnológica impulsada por el INAI. Un hito clave en este proceso fue la transición de sistemas dispersos, como Infomex y las plataformas locales, hacia una sola herramienta integrada: la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). Este avance ha permitido consolidar la gestión de más de un millón de solicitudes desde su implementación, con un crecimiento promedio anual del 147%. Este volumen se traduce en un aumento significativo del promedio diario de solicitudes, que pasó de 157.2 durante el gobierno de Vicente Fox a 900.5 en el de López Obrador. La PNT no solo centralizó el acceso a la información, sino que también optimizó los procesos, facilitando a la ciudadanía el ejercicio de su derecho a la información de manera más eficiente y accesible.

En este contexto, la reciente iniciativa de trasladar las funciones del INAI a la nueva Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno plantea una interrogante crítica: ¿quién garantizará el mismo nivel de acceso y confiabilidad en la información que hoy es posible gracias a este organismo autónomo? Esta decisión no solo implica un cambio administrativo, sino también la pérdida de una institución del Estado que ha mediado entre los ciudadanos y el poder político, asegurando que la información pública y la protección de datos personales no dependan de la voluntad discrecional de las autoridades. Un claro ejemplo es el caso Ayotzinapa, donde diversas solicitudes de información relacionadas con la investigación fueron inicialmente negadas o declaradas inexistentes por la entonces Procuraduría General de la República (PGR). Sin embargo, gracias a los recursos de revisión interpuestos ante el INAI, se lograron desclasificar documentos clave que arrojaron luz sobre las irregularidades en la investigación.
Otro ejemplo es el de los contratos relacionados con la compra de vacunas contra el COVID-19. Durante la pandemia, la Secretaría de Salud se negó a entregar los contratos completos, alegando cláusulas de confidencialidad. Fue a través de la intervención del INAI que se logró la entrega de versiones públicas de estos contratos, permitiendo a la ciudadanía conocer cómo se estaban utilizando los recursos públicos en un contexto crítico. Ambos casos demuestran que, sin la mediación del INAI, estas solicitudes habrían quedado sin respuesta o sujetas al criterio discrecional de las autoridades gubernamentales.
TRANSPARENCIA BAJO DEMANDA
La evolución en el volumen de solicitudes dirigidas al ámbito federal desde 2003 refleja un patrón de crecimiento sostenido y una demanda consolidada. A partir de las 24,097 solicitudes iniciales, la cifra se ha multiplicado en dos décadas hasta alcanzar un máximo de 380,377 en 2020, año en que la pandemia impulsó la necesidad de transparencia en la gestión gubernamental. A su vez, este crecimiento coincide con la implementación de la PNT en 2016, una herramienta que el INAI habilitó para hacer más accesible la información pública. Lejos de ser una respuesta coyuntural, este incremento revela un derecho que la ciudadanía ha asumido como propio y que ha consolidado al INAI como un pilar en el acceso a la información.

En términos específicos, la siguiente tabla comparativa por sexenio revela cómo el INAI ha gestionado un crecimiento acelerado en la demanda ciudadana de solicitudes de acceso a la información pública, excluyendo aquellas relacionadas con la protección de datos personales. Esta distinción es fundamental, ya que permite analizar de manera específica la evolución en el ámbito de la transparencia gubernamental, separando los dos pilares sobre los que opera el INAI.
En promedio, las solicitudes de acceso a la información aumentaron un 136% cada sexenio. Por ejemplo, mientras que durante el mandato de Vicente Fox se gestionaban 141 solicitudes diarias, esta cifra se incrementó a 759 bajo la administración de López Obrador, marcando un aumento de más del 400% en dos décadas. A nivel anual, el promedio de solicitudes gestionadas pasó de 51,464.7 en el sexenio de Fox a 277,037 en el de López Obrador, superando en un 95.1% la media general de todo el periodo analizado. Este incremento refleja no solo un aumento en la participación ciudadana, sino también la capacidad del INAI para adaptarse a las crecientes demandas de transparencia.
Entre los sujetos obligados del ámbito federal, algunos destacan por la alta cantidad de solicitudes de acceso a la información pública recibidas, reflejando el interés de la ciudadanía en áreas clave de la administración pública. Desde 2019, año para el cual disponemos de datos públicos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) han liderado el número de solicitudes, alcanzando más de 70,000 en un solo año en el caso de la SCJN y cifras cercanas a las 39,000 para el IMSS. Estas cifras muestran una demanda sostenida en temas de justicia y salud, sectores de interés prioritario para la población. Otras instituciones, como la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), también han experimentado picos de solicitudes que superan las 23,000 y 10,000 respectivamente en periodos recientes, lo que ofrece indicios de la importancia de la información relacionada con la regulación sanitaria y la seguridad social en el país.

Por su parte, el aumento en las solicitudes de protección de datos personales en el ámbito federal durante los últimos cuatro sexenios ha seguido una trayectoria creciente y sostenida. En el periodo de Vicente Fox, estas solicitudes apenas alcanzaban un promedio diario de 16.2, sumando un total de 17,775 en todo su sexenio. Sin embargo, bajo la administración de Felipe Calderón, este número experimentó un crecimiento exponencial del 670.1%, con 136,878 solicitudes gestionadas y un promedio diario que se elevó a 62.5. Esta tendencia continuó en el sexenio de Enrique Peña Nieto, alcanzando 221,973 solicitudes, lo que representa un incremento del 62.2% respecto al periodo anterior y estableciendo un promedio diario de 101.4. Finalmente, el sexenio de Andrés Manuel López Obrador consolidó esta demanda, con un total de 309,947 solicitudes y un promedio diario de 141.5, superando en 80.6% la media histórica de todo el periodo comprendido entre 2003 y 2024. En conjunto, este crecimiento se traduce en el hecho de que, en promedio, las solicitudes de protección de datos personales en el entorno gubernamental se han incrementado en un 257% cada sexenio.

Cuando el gobierno calla, el INAI responde
El crecimiento en el número de recursos de revisión promovidos contra las respuestas de los sujetos obligados muestra otro aspecto esencial de la labor del INAI. Pero, ¿qué es exactamente un recurso de revisión? Este mecanismo permite a los ciudadanos impugnar las respuestas proporcionadas por los sujetos obligados — es decir, todas aquellas entidades públicas y privadas que, por ley, deben proporcionar información pública o proteger datos personales. Cuando un sujeto obligado niega el acceso a determinada información, declara la inexistencia de los documentos requeridos o entrega información incompleta o incorrecta, el ciudadano puede acudir al INAI para que revise la respuesta y determine si se ha cumplido con la ley.
Durante el sexenio de Felipe Calderón, se registraron 34,260 recursos de revisión, con un promedio diario de 15.6. Este número aumentó significativamente en el sexenio de Enrique Peña Nieto, alcanzando un total de 52,574 recursos, lo que representa un incremento del 53.5% respecto al periodo anterior. El promedio diario también subió a 24 recursos, una cifra que indica una creciente insatisfacción ciudadana con las respuestas de los sujetos obligados y un uso cada vez mayor de esta herramienta para exigir la entrega de información de calidad.
Bajo la administración de López Obrador, la cifra de recursos de revisión promovidos alcanzó un récord, con 113,610 casos, lo que representa un incremento de 116.1% respecto al sexenio anterior y un crecimiento acumulado del 231.6% desde 2007. Con un promedio diario de 51.9 recursos y un promedio anual de 18,935, este periodo destaca como el de mayor demanda de revisiones, superando en 70% el promedio general de 66,814.
Esta tendencia ascendente revela un aspecto fundamental en la interacción entre el gobierno y la ciudadanía: la poca disposición de las instituciones públicas para proporcionar información completa y precisa. La tasa de cambio promedio del 85% cada sexenio es un indicador de que, en ausencia del INAI, este mecanismo de revisión podría quedar al arbitrio del propio gobierno, eliminando una instancia crítica que ha servido de contrapeso a las respuestas insuficientes de las instituciones federales.

En este sentido, desde 2007, las tendencias en los recursos de revisión reflejan una persistente necesidad de la ciudadanía por exigir mayor transparencia en las respuestas oficiales. A partir de los 2,328 recursos registrados en ese año, esta cifra se ha incrementado sostenidamente, con momentos críticos como en 2019, cuando el número alcanzó 18,433. Este crecimiento no es aleatorio; coincide con un periodo de fortalecimiento del INAI y la implementación de la PNT en 2016, una herramienta que facilitó el acceso ciudadano a los recursos de revisión y simplificó el proceso de apelación. En este sentido, el aumento en los recursos puede interpretarse como un termómetro de la calidad de la respuesta gubernamental, donde los ciudadanos recurren al INAI para obtener la información que las instituciones se rehúsan a entregar de manera completa o precisa.
El año 2022 representa el pico en esta tendencia, con 24,924 recursos de revisión promovidos, una cifra sin precedentes que muestra la creciente necesidad de este mecanismo en tiempos recientes. La continuidad de recursos elevados en los años posteriores, aún con una ligera disminución a 20,080 en 2023 y 16,088 en 2024, es indicativo de los constantes obstáculos o barreras en la disposición de las instituciones gubernamentales para entregar dicha información. Cada recurso de revisión representa no solo una respuesta insuficiente del gobierno federal, sino también el rol esencial del INAI como mediador y garante del derecho de los ciudadanos a la información. La desaparición de este organismo implica, en última instancia, que estas solicitudes de revisión quedarán a merced de las propias instituciones cuestionadas, diluyendo el contrapeso que actualmente permite al ciudadano enfrentar el silencio o la omisión de quienes detentan la información pública.

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