Huachicol fiscal: el negocio de 3.1 billones de pesos que mueve al crimen.
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México. – 28/09/2026. – El huachicol fiscal se convirtió en un negocio de dimensiones multimillonarias. Entre 2018 y 2025 movió 147 mil millones de litros de combustible ilegal, con un valor potencial de 3.1 billones de pesos en el mercado nacional (unos 160 mil millones de dólares), equivalente a 8.8% del PIB o tres veces el costo conjunto estimado del Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el Aeropuerto Felipe Ángeles.
La magnitud de ese negocio atrajo a cárteles del narcotráfico, que han convertido el contrabando de combustible en su principal fuente de ingresos, sólo después de las drogas.
El huachicol fiscal pudo mover entre 2018 y 2025 combustibles con un valor de 3.1 billones de pesos en el mercado mexicano, una cantidad equivalente a casi una tercera parte de todo el presupuesto federal de 2026 y tres veces el costo conjunto del Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).
La dimensión económica de estas operaciones criminales es mucho mayor que el quebranto conocido hasta ahora. Las autoridades han estimado en más de 600 mil millones de pesos el impuesto especial (IEPS) evadido mediante esquemas utilizados para introducir gasolina y diésel al país de manera clandestina. Pero los 600 mil millones representan únicamente el gravamen que habría dejado de ingresar al erario, no el valor del combustible involucrado.
Una estimación realizada a partir de las cuotas efectivamente cobradas del IEPS entre 2018 y 2025 —incluidos los períodos en que el gobierno aplicó estímulos fiscales— permite calcular que el impuesto evadido corresponde a alrededor de 147 mil millones de litros de gasolina y diésel.
Ese volumen habría tenido un valor cercano a 1.6 billones de pesos al momento de su importación y alcanzaría aproximadamente 3.1 billones de pesos a precios de venta en el mercado mexicano.
Una porción de esa enorme economía clandestina ha servido para enriquecer a los cárteles del narcotráfico. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos identifica al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), al Cártel de Sinaloa y al Cártel del Golfo entre las organizaciones involucradas en el contrabando de gasolina, diésel y otros combustibles hacia México. FinCEN, la oficina del Tesoro especializada en delitos financieros, considera que el llamado huachicol constituye su principal fuente ilícita de ingresos, fuera del tráfico de drogas.
El gobierno estadounidense ha identificado empresas de los cárteles utilizadas en esas operaciones. El Departamento del Tesoro documentó una red de gasolineras manejadas por Iván Cazarín Molina, “El Tanque”, a quien identificó como uno de los líderes del CJNG. A su vez, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó a Jomadi Logistics & Cargo y Ahavat Logistics Solution, empresas que realizaron operaciones por decenas de millones de dólares a través del sistema financiero estadounidense con terceros vinculados al mismo cártel e involucrados en actividades de huachicol fiscal.
¿A qué equivale?
El valor del combustible ilícito en el mercado equivale a más del 30% de los 10.2 billones de pesos del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2026. También representa más de tres veces toda la inversión física federal presupuestada para este año, que asciende a cerca de 961 mil millones de pesos.
La comparación con las principales obras de infraestructura construidas durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador permite dimensionar aún más el monto.
México Evalúa estimó en 544 mil millones de pesos el costo acumulado del Tren Maya al cierre del sexenio, en 398.5 mil millones el de la refinería de Dos Bocas y en 89 mil millones la construcción del AIFA. Sin considerar el costo de la cancelación del aeropuerto de Texcoco, que corresponde a un concepto distinto, las tres obras suman alrededor de 1.03 billones de pesos.
El valor potencial de los combustibles involucrados en el huachicol fiscal equivaldría, por tanto, a tres veces el costo conjunto estimado de las tres megaobras.
Los 3.1 billones de pesos representan aproximadamente 160 mil millones de dólares, mientras que el valor estimado de los combustibles al momento de su importación rondaría 83 mil millones de dólares. Los cálculos permiten dimensionar por primera vez el tamaño económico que podría esconderse detrás de la cifra de evasión fiscal. Por cada peso de IEPS presuntamente evadido, habrían circulado alrededor de 2.7 pesos en combustible a valor de importación y más de 5 pesos a valor de venta de mercado.
147 mil millones de litros en manos de criminales
La evasión fiscal constituye una actividad ilícita que suele clasificarse dentro de los llamados delitos de cuello blanco. El huachicol ha entrado en esta categoría pues utiliza empresas, operaciones de comercio exterior, documentos aduaneros, expertos fiscalistas y mecanismos financieros para ocultar la verdadera naturaleza de las mercancías y reducir o evitar el pago de impuestos. La incorporación de organizaciones del narcotráfico ha añadido a la estructura a operadores de ambos lados de la frontera para comprar, transportar, almacenar y vender combustible.
FinCEN describe una estructura que utiliza comercializadoras y empresas fachada para comprar combustible en Estados Unidos, introducirlo a México con documentos aduanales falsificados, almacenarlo y venderlo mediante distribuidoras y gasolineras controladas por los cárteles, en donde puede mezclarse con combustible extraído clandestinamente de ductos de Pemex. Para ocultar su procedencia y dar apariencia legal a su comercialización, se elaboran facturas falsas.
El uso de facturas para simular operaciones aparece reflejado en la propia lista de los mayores deudores fiscales vinculados con el negocio de los combustibles. Cinco de ellos fueron identificados por el SAT en su listado definitivo de factureros: Dalcrise, Marlaya, Grupo Petrotamps, Nafta Aditivos Orgánicos y Julia Mendoza Cruz.
A esa lista se suma Aktio Logistics, de Tamaulipas, suspendida del padrón de importadores bajo una causal relacionada con inexistencia o no localización del domicilio fiscal.
Entre los mayores evasores aparecen además Azteca Cone, Intanza y Servicios Aduanales JR, las dos primeras involucradas en el huachicol por buques descubiertos en Tampico, y la tercera señalada por la FGR en la red de tráfico por ferrotanques que involucra al ex gobernador panista Ernesto Ruffo.
A esta lista negra se sumó Portacelis Gas and Oil, empresa vinculada a Amílcar Olán Aparicio, amigo de Andy y Gonzalo López Beltrán, hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
En conjunto, las diez empresas mencionadas acumulan deudas fiscales por 97 mil millones de pesos, equivalentes a alrededor del 16% de los 600 mil millones de pesos de evasión fiscal por huachicol entre 2018 y 2025.
El valor en el mercado
En el huachicol fiscal, uno de los mecanismos identificados consiste en declarar en las aduanas grandes cargamentos de gasolina y diésel como “aceites usados”, “lubricantes”, “aditivos”, “residuos de petróleo” y otros productos que no están sujetos al impuesto especial (IEPS) aplicable a gasolina y diésel. Otro mecanismo es declarar menos combustible del que realmente ingresa al país en cada embarque, para pagar menos impuestos.
El IEPS se establece mediante una cuota por litro, lo que permite recorrer el camino inverso y estimar cuánto combustible corresponde a los 600 mil millones de pesos de evasión.
El cálculo, sin embargo, no puede realizarse utilizando simplemente la cuota actual ni las cuotas nominales de cada año. Entre 2018 y 2025 el gobierno federal otorgó estímulos fiscales que redujeron el IEPS efectivamente pagado por los combustibles.
El caso más pronunciado ocurrió en 2022, cuando el alza internacional de los energéticos llevó al gobierno a otorgar estímulos de hasta 100% para evitar incrementos abruptos en los precios de los combustibles al consumidor. Durante distintos períodos, la cuota efectiva del IEPS llegó a cero.
Al considerar las cuotas y los estímulos aplicados durante los ocho años, se obtiene un IEPS efectivo promedio combinado cercano a 4.09 pesos por litro para gasolina regular y diésel.
La operación permite dimensionar el volumen: 600 mil millones de pesos entre 4.09 pesos por litro, da por resultado alrededor de 147 mil millones de litros.
El siguiente paso fue estimar el valor económico de esos 147 mil millones de litros.
Las estadísticas de comercio exterior del Banco de México, los volúmenes reportados por Pemex y la Secretaría de Energía y las referencias de precios de los combustibles importados permiten situar en alrededor de 11 pesos por litro un valor representativo de importación durante 2018-2025.
Aplicado al volumen estimado, el resultado ronda 1.6 billones de pesos, equivalentes aproximadamente a 83 mil millones de dólares.
Pero el combustible adquiere un valor mucho mayor una vez colocado en el mercado mexicano.
Los precios históricos reportados por las autoridades muestran que la gasolina regular pasó de promediar alrededor de 18.30 pesos por litro en 2018 a más de 23 pesos hacia el final del periodo. El diésel pasó de unos 19.43 pesos a más de 25 pesos.
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