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El Tribunal Electoral llega a 2027 con cinco magistraturas y cuestionamientos sobre su integración.

Foto del escritor: Pablo C. Alemán Mtz.
Pablo C. Alemán Mtz.
hace 2 horas
5 min de lectura
Especialistas advierten que las vacantes y las dudas sobre su eventual sustitución alimentan el debate sobre el órgano encargado de resolver las controversias electorales.
Especialistas advierten que las vacantes y las dudas sobre su eventual sustitución alimentan el debate sobre el órgano encargado de resolver las controversias electorales.
México. – 25/09/2026. –  La Sala Superior del TEPJF debería contar con siete magistraturas, pero actualmente opera con cinco. Especialistas advierten que las vacantes y las dudas sobre su eventual sustitución alimentan el debate sobre el órgano encargado de resolver las controversias electorales.
 
Desde el 31 de octubre de 2025, cuando la magistrada Janine Otálora Malassis dejó la Sala Superior, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) opera con cinco de las siete magistraturas previstas para ese órgano. Al 25 de septiembre de 2026 han transcurrido 329 días desde aquella vacante.
 
La situación se mantiene de cara al proceso electoral de 2027 y ha generado distintas interpretaciones entre especialistas sobre las implicaciones de mantener vacantes en la máxima instancia jurisdiccional electoral.
 
Mientras el propio TEPJF sostiene que las cinco magistraturas que actualmente integran la Sala Superior cuentan con experiencia y capacidad para atender el proceso electoral de 2027, especialistas consultados consideran que una integración menor a la prevista constitucionalmente puede generar cuestionamientos sobre el funcionamiento y la percepción de independencia del órgano.
 
“Si el Tribunal debe tener siete magistraturas, así debe integrarse, y el que inicie con cinco magistraturas es símbolo de debilidad”, señala Arturo Espinosa Silis, director del Laboratorio Electoral.
 
“En ningún lugar del mundo se ve bien que el máximo órgano de decisión atienda el proceso electoral incompleto”. Arturo Espinosa Silis, director del Laboratorio Electoral.
 
¿Cómo debería integrarse el Tribunal?
El artículo 99 de la Constitución establece que el Tribunal Electoral es la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral y un órgano especializado del Poder Judicial de la Federación. La Sala Superior está integrada legalmente por siete magistradas y magistrados.
 
Entre sus atribuciones se encuentra resolver, en última instancia, diversos medios de impugnación en materia electoral y proteger los derechos político-electorales de la ciudadanía. También interviene en la calificación de la elección presidencial.
 
La integración completa cobra relevancia, además, por las reglas de quórum. Para la calificación de la elección presidencial se requiere la participación de seis magistraturas. En 2024, ante una Sala Superior incompleta, el TEPJF recurrió a la magistrada regional Claudia Valle Aguilasocho para integrar temporalmente el pleno durante ese procedimiento.
 
La decisión fue adoptada precisamente para cumplir con el quórum establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
 
Javier Martín Reyes, doctor en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, considera que la integración incompleta se ha convertido en una situación que dejó de ser excepcional.
 
“Desgraciadamente, el Tribunal incompleto ya se normalizó. Una situación que tendría que ser absolutamente excepcional, hoy se ha convertido en la norma general. No es ninguna casualidad que la Constitución pida una integración de siete”, señala.
 
Las vacantes y la falta de una ruta definida
La salida de Janine Otálora no fue la única modificación en la integración de la Sala Superior. Posteriormente se produjo otra vacante, con lo que actualmente son cinco las magistraturas que integran el pleno.
 
El propio TEPJF reconoce la existencia de las dos vacantes, aunque sostiene que ello no implica que el Tribunal se encuentre imposibilitado para desempeñar sus funciones. En septiembre de 2026, el magistrado Felipe de la Mata Pizaña afirmó que la Sala Superior está preparada para afrontar el proceso electoral de 2027 con las cinco magistraturas actuales.
El Tribunal Electoral debe cumplir con criterios jurídicos, garantizar equilibrio de visiones en la interpretación de la ley y cumplir con la paridad de género. (Foto: Daniel Augusto/Cuartoscuro)
El Tribunal Electoral debe cumplir con criterios jurídicos, garantizar equilibrio de visiones en la interpretación de la ley y cumplir con la paridad de género. (Foto: Daniel Augusto/Cuartoscuro)
La discusión también alcanza el mecanismo para cubrir las vacantes. Especialistas consultados señalan que el régimen transitorio derivado de la reforma judicial no establece con claridad un procedimiento específico para resolver este escenario.
 
Martín Reyes plantea que existen distintas interpretaciones jurídicas sobre la forma en que podrían cubrirse los espacios vacantes.
 
“El régimen transitorio de la reforma judicial está tan mal diseñado que no aclara qué es lo que se tiene que hacer en estos casos”, afirma.
 
El especialista identifica, entre las alternativas que se han planteado, recurrir al procedimiento de designación utilizado antes de la reforma judicial o aplicar mecanismos de prelación vinculados con los resultados del proceso de elección judicial.
 
Integración y autonomía, parte del debate
La discusión sobre las vacantes también se relaciona con el debate sobre la autonomía e independencia del Tribunal.
 
El magistrado Felipe de la Mata Pizaña ha sostenido que la existencia de vacantes no determina por sí misma la autonomía del órgano. En septiembre, afirmó que el hecho de que la Sala Superior cuente actualmente con cinco integrantes no significa que el Tribunal esté incompleto en su conjunto, pues las salas regionales se encuentran integradas.
 
Especialistas consultados, sin embargo, consideran que el número de integrantes sí tiene relevancia institucional, particularmente cuando determinadas decisiones requieren una votación calificada.
 
“No es la primera vez que el Tribunal opera incompleto”, señala el análisis presentado por especialistas, quienes recuerdan que también se han registrado periodos anteriores con vacantes.
 
Uno de los casos más relevantes ocurrió en 2024, cuando la Sala Superior tuvo que incorporar temporalmente a una magistrada regional para alcanzar el quórum de seis integrantes requerido para calificar la elección presidencial.
 
Cuestionamientos a las resoluciones del Tribunal
Más allá de la integración, los especialistas consultados también cuestionan algunas decisiones adoptadas por el TEPJF en procesos electorales recientes.
 
Arturo Espinosa Silis sostiene que determinadas resoluciones relacionadas con actos anticipados de campaña contribuyeron, desde su perspectiva, al desgaste de la institución.
 
“Permitieron esta clase de promoción velada, tuvieron en sus manos esa sentencia y dejaron que ocurriera, por supuesto en favor de Morena. Todos vimos a las ‘corcholatas’ presidenciales violar la ley electoral impunemente”, afirma.
Estas afirmaciones corresponden a la valoración del especialista y no constituyen, por sí mismas, una determinación judicial sobre la actuación de los actores políticos señalados.
 
Para Martín Reyes, el debate sobre el TEPJF trasciende la cantidad de magistraturas y se concentra también en la percepción de imparcialidad de sus decisiones.
“Los asientos ocupados no son lo más importante del Tribunal, sino la captura que han logrado de este árbitro, que ha dejado de ser imparcial desde hace mucho tiempo”, sostiene.
 
Un Tribunal ante el proceso electoral de 2027
Con cinco magistraturas en funciones y dos vacantes en la Sala Superior, el TEPJF se encamina al proceso electoral de 2027.
 
La institución sostiene que cuenta con la experiencia y capacidad necesarias para desempeñar sus funciones con la integración actual.
 
Los especialistas consultados, en cambio, consideran que mantener las vacantes plantea un debate institucional que va más allá de la capacidad operativa y alcanza la percepción pública sobre la independencia, imparcialidad y legitimidad del máximo órgano jurisdiccional electoral.
 
El proceso electoral de 2027 pondrá nuevamente a prueba tanto la capacidad jurídica del Tribunal como la confianza que sus decisiones generen entre los actores políticos y la ciudadanía.

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